Vivimos en un mundo en continuo cambio. En el contexto de la aeronáutica y su evolución tecnológica, nos encontramos frente a la posibilidad del uso de sistemas aéreos no tripulados absolutamente para casi todo.
Los drones, o RPAS (Sistemas Aéreos Remotamente Pilotados) en su acepción más extensa, comenzaron siendo un pequeño invento, al que se le han ido otorgando diferentes habilidades y capacidades según la necesidad que se requería cubrir en cada momento. En efecto, el desarrollo aeronáutico de estos sistemas aéreos se ha ido complementando con toda una serie de tecnologías embarcadas que le permiten ofrecer un buen número de aplicaciones.
Una nueva carrera: pilotos profesionales de aeronaves no tripuladas, capaces de volar diferentes tipos de drones en cualquier situación o eventualidad posibles.
En este nuevo sector, innovador y emergente, ha surgido la necesidad de establecer un marco jurídico que permita su desarrollo en condiciones de seguridad. En el caso de España, está regulado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que establece unos requisitos mínimos necesarios para que la operativa del dron sea segura en todo lo que implica a la aeronave, al piloto, a la comunicación entre ambos y, en definitiva, a la seguridad del medio en función del escenario de operación.
En todo esto juega un papel importante el peso de la aeronave. AESA se encarga de la regulación de operaciones con drones de hasta 150 kg. Para drones con una capacidad mayor y que estén por encima de este peso, se ha establecido una normativa a nivel europeo, siendo el organismo encargado de regularlo la EASA (European Aviation Safety Agency). Algo parecido ocurre en todos los países.
Una regulación adecuada con unos estándares de seguridad bien definidos suponen una base fundamental y una apuesta decidida por el impulso de esta actividad. No cabe duda de que la actividad relacionada con el uso de sistemas aéreos no tripulados tiene un gran potencial estratégico para el desarrollo económico de las empresas y las regiones gracias a la presumible reducción de costes en ciertas actividades, apertura de nuevas líneas de negocio y posicionamiento en el mercado.
Una de las restricciones legislativas más importantes es la posesión de un certificado de piloto para poder manejar estas aeronaves no tripuladas. La capacitación del piloto está condicionada por los diferentes tamaños de los drones y sus capacidades.
Ya es una realidad el uso de drones aplicados al sector agrícola, forestal, cartográfico, para la monitorización de la emisión de gases y contaminación, planificación y ordenación urbanística, inspección de infraestructuras, seguridad o en la industria audiovisual. Ya tuvimos ocasión de comentar algunos ejemplos específicos en el post publicado el pasado 9 de enero en este mismo blog. Es un sector en el que se prevé una gran demanda de servicios y, por tanto, empleo para los próximos años.
Para comenzar, se ha creado una nueva carrera profesional: el piloto de dron. Ya hay un buen número de empresas que se dedican a su formación por precios que, aunque variables en función del tipo de título, oscilan en torno a los 1500 euros. Su objetivo es formar a pilotos profesionales de aeronaves no tripuladas, capaces de volar cualquier tipo de dron en cualquier situación o eventualidad posibles. La capacitación para volar no es la única habilidad necesaria, ya que, en función del servicio que se va a desarrollar desarrollar, a veces es necesaria la formación en otros campos.
Los alumnos de estos centros cuentan con formación completa tanto de la parte teórica, como de la práctica, incluyendo examen y certificado oficial. A continuación, se abre un gran abanico de posibilidades al alumno para realizar una especialización en campos concretos de servicios (cartografía, seguridad, fotografía aérea, prevención de incendios…) o trabajar directamente con las diferentes empresas que ya usan este tipo de tecnología.
Este es un momento estratégico para apostar por esta carrera profesional. ¿Te animas?