Europa está plagada de pequeños aeropuertos, a los que les resulta más difícil atraer negocio comparado con sus homólogos de mayor tamaño. Por lo general, los aeropuertos de este tipo se encuentran alejados de las grandes zonas urbanas, cuentan con un número reducido de pasajeros y carecen de un sistema de transporte por tierra adecuado. Por estos motivos, las compañías aéreas no suelen mostrar demasiado interés por utilizarlos.
A menudo, la falta de rentabilidad de un aeropuerto pequeño no se debe a una mala gestión, se trata más bien de un problema estructural inherente a este negocio.
Con el fin de eliminar estos obstáculos, los aeropuertos pequeños ofrecen tasas de aterrizaje económicas. Algunos aeropuertos llegan incluso al extremo de pagar a las aerolíneas con el objeto de seducirlas mediante sugerentes acuerdos comerciales. En su mayoría, estos aeropuertos son públicos y los políticos locales los consideran una herramienta para impulsar la economía de sus regiones.
En estas circunstancias, muchos de estos aeropuertos pierden dinero y, por consiguiente, necesitan ser rescatados a cuenta del bolsillo del contribuyente .
La Comisión Europea está estudiando este tipo de acuerdos. Las ayudas financieras deben cumplir las normas comunitarias en materia de ayudas estatales; no se pueden transferir los subsidios a las aerolíneas a través de unas tasas aeroportuarias que no son de mercado. Una práctica así constituiría un incentivo ilegal y la normativa europea debe garantizar una competencia equitativa para todos.
Sin embargo, la competencia entre aeropuertos no es, en absoluto, perfecta. Esta actividad cuenta con numerosos condicionantes externos. La intervención estatal es generalizada y, por lo tanto, lograr el máximo beneficio económico no es el objetivo prioritario para muchos de ellos. Otros abusan de su poder de mercado e imponen precios desorbitados a las aerolíneas cuando no hay otro aeropuerto alternativo. Tampoco debemos olvidar que las barreras de entrada y salida al negocio aeroportuario son enormes.
El marco normativo comunitario permite la concesión de ayudas estatales para inversiones en infraestructura en el caso de los aeropuertos de pequeño tamaño. También permite una ayuda (muy limitada) al inicio de la actividad para las líneas aéreas que abran nuevas rutas. Sin embargo, las ayudas relativas a la operación aeroportuaria se encuentran prohibidas.
Esta prohibición en la concesión de ayudas relativas a la operación en el caso de los pequeños aeropuertos regionales puede suponer el fin de éstos. Todos los aeropuertos, independientemente de su tamaño, tienen que hacer frente a costes fijos similares. Por ejemplo, los costes de los sistemas de iluminación de las pistas son similares tanto si se trata de una pista con mucho tráfico como si se trata de una vacía. Lo mismo ocurre con el servicio de salvamento y extinción de incendios, así como con otros tantos costes «fijos».
Dado que en los aeropuertos pequeños el tráfico de pasajeros es menor, los costes fijos por pasajero en estos aeropuertos son mucho más altos. Conseguir el equilibrio en su cuenta de resultados gracias al aumento de los ingresos no es tarea fácil. El incremento de las tasas de aterrizaje ahuyenta a las aerolíneas y llega un punto en el que resulta imposible vender más refrescos y bocadillos a los pasajeros. A menudo, la falta de rentabilidad de un aeropuerto pequeño no se debe a una mala gestión, se trata más bien de un problema estructural inherente a este negocio.
La Comisión Europea pretende poner freno a los abusos del pasado. Aún así, la prohibición de las ayudas dirigidas a mejorar la operación de los aeropuertos no es la solución. Si los eurócratas desean controlar cómo se gastan los fondos públicos, quizás deberían fijar su atención en otro sitio . Se ha derrochado mucho más dinero en la construcción de aeropuertos faraónicos, semi-vacíos, sólo para satisfacer la vanidad de unos pocos. Ahí es donde está el despilfarro del dinero de los contribuyentes.
